La responsabilidad de los Administradores

by Pablo Pérez

INTRODUCCIÓN.-

La acción individual contra los administradores es un remedio que permite al acreedor de una sociedad dirigirse directamente contra el patrimonio de los administradores de la sociedad deudora siempre y cuando estos últimos no hayan actuado con la debida diligencia. Esta acción está expresamente prevista en el  artículo 241 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el texto refundido de las Sociedades de Capital (en adelante “LSC”):

"Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos."

 

 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.-

Competencia Objetiva

La competencia Objetiva corresponde a los  Jugados de lo Mercantil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 ter, 2, a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Competencia Territorial

Corresponde, en mi opinión, al domicilio donde la sociedad tenga su Domicilio Social, por aplicación de la regla del artículo 51 de la de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante “LEC”) que se refiere al fuero general de las personas físicas.

Procedimiento Adecuado

Entiendo que la presente acción deberá ventilarse por los cauces del Juicio que por razón de la cuantía corresponda al no existir regla específica en los artículos 249 y 250 de la LEC.

 

REQUISITOS.-

La persona que puede ejercitar esta acción ha de ser cualquier persona que haya sufrido un daño derivado de una conducta dolosa del administrador, puesto que la jurisprudencia califica a esta acción dentro de la responsabilidad aquilina o extracontractual.

 Es una acción directa y no subsidiara, al contrario de lo que sucede para un tercero con respecto al caso de la acción social de responsabilidad.

 Por lo tanto, para que el tribunal pueda apreciar la acción deben darse un daño, una omisión de los deberes del administrador culposo y un nexo causal.

 

Daño

El daño viene representado por la lesión patrimonial sufrida por el Acreedor de la Sociedad. la prueba más eficaz para este supuesto, en mi opinión, es la sentencia declarativa que hemos obtenido donde se declara la procedencia de la reclamación al acreedor. No obstante, no es necesario y constituiría también una prueba válida las facturas, pagares y otros documentos mercantiles que recojan la existencia de la deuda y puedan hacer prueba de ello.

Omisión de los deberes del Administrador.

Los administradores sociales tienen una serie de obligaciones legales para con la sociedad que administran y como bien expone la Jurisprudencia estos deben de comportarse con la diligencia de un “ordenado empresario”

Por lo tanto, no cualquier tipo de impago provocará que podamos dirigirnos contra los administradores, sino que su conducta habrá de derivar de una infracción de la diligencia que debe ser exigida al administrador de la sociedad. ¿Y como podemos probar esta cuestión? ¿Cuales son las mejores maneras para ello? En mi opinión, la mejor infracción de los deberes del administrador es aquella infracción que supone un incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Por ejemplo cierre de  facto de la sociedad, no presentación de las cuentas anuales, situación de insolvencia e incumplimiento de liquidar la sociedad, etc. Además, contamos con la ventaja añadida  de que  estos incumplimientos podemos probarlos a través de información del Registro Mercantil. Así si la empresa a dejado de presentar las cuentas anuales, dicho hecho aparecerá en el Certificado de información Mercantil, el cual también hará prueba de que la sociedad no se ha liquidado. Solicitar las ultimas cuentas presentadas nos permitirá conocer si la empresa estaba en causa de liquidación, etc. De dichos documentos aportaremos certificaciones para que tengan el carácter de documentos Públicos con arreglo al artículo 317.4º  de la LEC y se les otorgue la fuerza probatoria prevista en el artículo 319 de la LEC.

Respecto a situaciones de incumplimiento de los administradores, resulta bastante instructiva entre otras muchas la Sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Almería de 20.05.2014, que expone con referencia al incumplimiento de los administradores lo siguiente:

“… actuación negligente del administrador, también constada pues se produjo el cese de la actividad que constituía el objeto social de la empresa y cierre de «facto» de su establecimiento, sin haber cancelado el crédito pendiente, a lo que se anuda que, ante la situación constatada de insolvencia, no procedió a la disolución y liquidación de la sociedad, conforme imponen los artículos 260, 262 de la Ley y concordantes, según los cuales, los administradores no pueden limitarse a eliminar la sociedad sin mas, sino que deben liquidarla en cualquiera de las formas previstas legalmente y que están precisamente orientadas a salvaguardar los intereses de terceros en el patrimonio social ( Sentencia de 19 de abril de 2001, que cita las de 21-5-1992 y 22-4-1994).”

 

Nexo causal

El nexo causal vendría representado por la notoria negligencia del administrador, el cual abandona la Sociedad a su suerte, cesando la actividad y no presentando las cuentas como le obliga la ley imposibilitando,  con su conducta, que la sociedad pueda generar actividad comercial y pagar a sus proveedores. tampoco procede  a disolverla y abrir el periodo de concurso, como le exige la ley y que hubiera permitido a el acreedor cobrar parcialmente su crédito.

Todo ello entiendo que queda acreditado con la información mercantil certificada que solicitamos al correspondiente Registro Mercantil del domicilio donde la sociedad tenga su domicilio social.

Conviene no obstante apoyar la existencia de este nexo causa con el desarrollo de un buen relato factico de los hechos y apoyarlo en jurisprudencia. La anterior sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Almería se pronunciaba así  respecto del nexo causal:

 "A su vez también concurre relación causal y nexo entre la conducta del recurrente y el daño patrimonial ocasionado, pues a la notoria negligencia referida, se incorpora la ocultación de la propia sociedad que, como ya queda dicho, se ha instaurado así en una situación de inactividad social plena, al haber cesado ambos administradores (como consta plenamente acreditado mediante la documental aportada), determinante causal de que el acreedor no pudiera percibir el importe de los daños ocasionados por la sociedad y que resultan reales y efectivos. En definitiva, redundando aún más en lo indicado, en el presente caso, la sociedad de la que los demandado ha sido administradores hasta el año 2009, ha devenido inoperante, no ha presentado cuentas anuales, no consta desarrollo de actividad mercantil alguna, sin que se demuestre haya sido puesto en conocimiento de sus acreedores y sin realizar operación alguna de liquidación, ni formular procedimiento concursal alguno, precisamente dirigido a salvaguardar los intereses de los terceros en el patrimonio social, todo lo cual implica según la jurisprudencia, Sentencias de 4 noviembre y 26 diciembre 1991, negligencia grave de los administradores demandados."

 Cumplidos  los requisitos  todavía hay una serie de cuestiones que conviene analizar, antes de interponer la demanda.

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La reciente reforma de la LSC, que entró en vigor el 01 de enero de 2015, introduce, entre otros, el artículo 141 BIS que viene a solventar el vacío legal existente con respecto a la caducidad de la acción. Dicho artículo literalmente manifiesta:

"La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse."

 

Debido al poco tiempo que lleva la norma en vigor no existe todavía jurisprudencia al respecto que nos aclare cuál es el día en que pueden comenzar a ejercitarse. No obstante, yo entiendo que dicho momento debe de coincidir con el momento en que el acreedor conoce que la empresa carece de bienes para satisfacer la deuda. Es decir, hemos procedido a interponer la correspondiente demanda ejecutiva y tras la oportuna averiguación patrimonial se descubre que la sociedad carece de bienes, resultando imposible trabar el embargo. El día que nos dan traslado de está notificación entiendo que debe ser el momento en que el plazo debe de comenzar a correr.

La jurisprudencia, hasta el momento, venía manifestando que  el plazo de prescripción era de 4 años por aplicación del artículo 949 del Código de Comercio y que se contaba, a efectos para terceros de buena fe, desde que el día en que se inscribía  en el Registro Mercantil el cese del Administrador. A este respecto, resultaba clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo  nº 732/2013, de 19.11.2013, recurso nº 1731/2011 la cual manifestaba:

 

“En la actualidad, es jurisprudencia unánime y pacífica la que aplica el régimen de prescripción previsto en el art. 949 del Código de Comercio EDL 1885/1 a todas las acciones de responsabilidad de los administradores basadas "en su actividad orgánica". Dicho artículo 949 del Código de Comercio EDL 1885/1 comporta una especialidad respecto al "dies a quo" (día inicial) del cómputo del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien se retrasa la determinación del "dies a quo" a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe ( artículos 21.1 y 22 del Código de Comercio EDL 1885/1 y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede a partir de ese momento negar su desconocimiento. Este criterio extensivo no resulta aplicable cuando se acredita la mala fe del tercero o que el afectado tuvo conocimiento anterior del cese efectivo.”

 Habrá que ver como la Jurisprudencia analiza y aplica este nuevo precepto recién introducido.

 

CONSIDERACIONES FINALES.-

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente expuestos,  procederemos a interponer la demanda. Conviene, previa a la interposición de la misma y al objeto de evitar hacer incurrir al cliente en gastos innecesarios, realizar una averiguación patrimonial previa de los administradores, realizado por ejemplo una consulta sobre bienes inmuebles inscritos a nombre del administrador  al Registro de la Propiedad.